El matrimonio igualitario y el lugar del Estado

En el último año y medio, y particularmente desde el quiebre que significó el resultado de las elecciones del 28 de junio del año pasado, se han sucedido una serie de medidas desde el gobierno que han causado interesantes debates: Ley de Medios; re-nacionalización de Aerolíneas Argentinas; re-nacionalización de los fondos previsionales; el lugar del BCRA (propiciado por la discusión en torno a la deuda externa) y su correlato en el proyecto de Ley de Entidades Financieras; y finalmente la Ley de Matrimonio Igualitario. Más allá de las opiniones que cada uno pueda tener respecto a cada uno de estos temas es mi interés destacar un punto que, creo yo, une a todos ellos: el papel del Estado. ¿Será éste el que regule como se distribuye el acceso a la posibilidad de producir y distribuir información o será el mercado? ¿Será éste el que maneje la “Aerolínea de bandera” y la plata de los jubilados o serán empresas privadas con su (en un punto poco discutible) lógica de ganancia y no de servicio? ¿Serán los representantes del pueblo los que decidan que sistema financiero requiere el actual modelo económico o serán las entidades privadas orientadas por los preceptos económicos del neo-liberalismo? En todas primó la opción de recuperar el rol del Estado como garante del acceso de la mayoría de la población a ciertos bienes y servicios considerados tan importantes que no podían ser librados a las excluyentes leyes del mercado. En todas hubo una buena porción de la oposición que demostró no ser más que meros voceros de un poder que no detentan, y que desde afuera de la política busca mantener posiciones de privilegio que por primera vez en mucho tiempo son puestas en cuestión desde la política (aclaro que con esto no quiero decir que “los Kirchner” enfrentan al capital, pero si que en estos debates hubo un grupo político, que los excede en parte pero en el cual “el oficialismo” representa el mayor porcentaje, que parece haberse decidido finalmente a modificar ciertas estructuras heredadas que imposibilitaban un cambio positivo profundo en la sociedad).

El último de los ejemplos dados tiene una similitud y algunas diferencias con los demás casos. Similitud porque se trataba otra vez de si el estado iba o no a ser garante del acceso a ciertos derechos, legales y culturales, a un sector de la población. Diferencia porque no se discutía “en contra” del mercado, no era un debate en el cual hubiera cuestiones económicas en juego. Ahora bien, en mi humilde opinión lo más importante que sucedió alrededor de esta ley no fue la aprobación en si: ésta sólo da cuenta de un cambio en estructuras sociales, culturales y familiares que ya es realidad, cambio que es inevitable y que sólo instituciones basadas en mecanismos de pensamientos ya caducos (pero no por ello débiles) como las distintas iglesias que se opusieron pueden considerar entre negativos y cercanos al Apocalipsis; cambio que una ley casi igualmente atrasada no podía seguir ignorando.

Más interesante me parecieron otras cuestiones que sobrevolaron el debate, pero que no fueron tratadas directamente. Una es la evidencia de que la legislación vigente para el tema de adopciones merece modificaciones profundas que permitan por un lado niveles de burocracia menores y, relacionadas una y otra, un eficaz combate contra el tráfico de menores. Otras dos se me ocurren que me parecen absolutamente claves: la relación entre Iglesia y Estado y la concepción político-cultural que quienes son parte de la estructura de este último tienen y aplican a la hora de tomar y justificar sus decisiones. La primera se cae de maduro: lo que en otros momentos históricos sirvió para controlar a la única otra institución que podía “competirle” en control social (entiéndase: la dependencia económica de la Iglesia por el pago de sueldos desde el Estado) hoy en día no tiene más sentido: Argentina ha dejado de ser hace rato un “Estado Católico”, sólo que la ley no se ha enterado todavía. La segunda es algo más complejo y profundo. Quienes decidieron votar en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario lo han hecho en su mayoría aduciendo problemas morales o su condición de Católicos Practicantes. Es el mismo argumento que la mayoría de las veces se escucha (al menos públicamente) en médicos o jueces que se niegan a permitir o practicar abortos, aún cuando la ley los “obliga” a hacerlo. El punto que creo vale discutir acá es que idea del estado está detrás de esta posición: hay una diferencia entre pensar que el casamiento entre personas del mismo sexo esta mal, desde una perspectiva individual, que pensar que es algo negativo que el Estado promulgue una ley que permita que un no despreciable número de personas acceda a ciertos derechos. Hay una diferencia entre ser ciudadano y “servidor público”. Una persona tiene derecho a pensar lo que quiera; un “funcionario” debe actuar conforme al bienestar de toda la población, o en su defecto de la mayoría. La moral es un asunto individual; los derechos son sociales. Cuando el único argumento que se puede esgrimir ante una discusión política o legal es individual/moral el que se niega a que se mejoren los derechos de una “minoría” o se niega a permitirle el acceso a su derecho a una persona está apropiándose individualmente de un espacio que no le pertenece, sino que ocupa; un espacio en el cual él no se representa a si mismo, sino que actúa para beneficio (idealmente) de muchos otros. Por eso mismo creo que el debate de la Ley fue más importante que la aprobación de la misma. Porque ésta (sin restarle en lo más mínimo importancia) afecta directamente a una fracción de la sociedad. Pero aquél nos involucra a todos, y es un capítulo más del aún no resuelto debate sobre qué proyecto de país queremos y qué rol va a jugar el Estado: el de la inclusión social, económica, política y cultural de las mayorías o el de representante de los intereses de unos pocos.

Diego Mora

~ por historiaenmarcha en 3 agosto, 2010.