Manifiesto por una Universidad popular

Las líneas expuestas a continuación transcriben de modo parcial e inacabado algunas reflexiones acerca de la manera en que pensamos la Universidad Pública los que hacemos Historia en Marcha. Esta inquietud por el ámbito que nos ha unido fue apareciendo a raíz de una serie de encuentros en que nos propusimos debatir cuál es nuestro rol social como profesionales, como intelectuales; teniendo en cuenta, en tal sentido, que muchos de nosotros, estudiantes o graduados, somos miembros de alguna cátedra, enseñamos en escuelas medias, participamos de proyectos socio-comunitarios y políticos, en fin, generamos diferentes vínculos con distintos actores sociales a través de prácticas y experiencias fundadas en nuestra disciplina.

Como campo por excelencia de producción y distribución del conocimiento, la Universidad en su versión Pública, desempeña necesariamente un rol central en el entramado de las sociedades.

Desde sus orígenes en la Baja Edad Media, pasando por su avance en el seno de la modernidad, y el carácter oficial alcanzado con la construcción de los Estados Nacionales, la Universidad fue erigiendo un aura de prestigio y autoridad como recinto del saber, como espacio de desarrollo científico y cultural. Este proceso de institucionalización, a la vez que ha sido decisivo para el devenir histórico, no ha dejado de estar atravesado permanentemente por los demás aspectos de la vida social. En consonancia, podemos pensar, la forma en que el desarrollo de la democratización del último siglo, la masificación de la cultura y la educación han penetrado las sacras cavidades del ámbito “escolástico” que aún protegían (y siguen haciendo fuerza por proteger) su carácter elitista.
En nuestro país, como en otros lugares del mundo, nuevos grupos de la sociedad, sobre todo sus sectores medios desde comienzos del siglo XX, han logrado traspasar aquellos muros otrora infranqueables de las “altas casas de estudio”. Esta situación, además de un ensanchamiento de la población universitaria, generó un acercamiento de personas provenientes de diferentes sectores sociales, como así también, contribuyó a la construcción de un ideario de movilidad social donde la Universidad se convertía en la escalera que conducía a lo más alto. Por supuesto que esta imagen sólo se solidificaría en el marco de un país capaz de brindar las condiciones para la aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos.
A pesar de las nefastas políticas aplicadas entre 1976 y 2001 que significaron el repliegue del Estado, la desarticulación de la sociedad y la desindustralización nacional, y que trajo como correlato la retracción de posibilidades para el quehacer científico y profesional; la legitimidad de la Universidad Pública como espacio principal de formación y producción del conocimiento, aunque desdibujada, aún permanece, apoyada, entre otras, en aquellas visiones que la ubican como abanderada del ascenso social.

Este breve recorrido nos permite entrever el lugar que ocupó y ocupa la Universidad, o mejor dicho, el lugar en que la sociedad la ha posicionado. Un lugar siempre disputado y en constitución activa que se define y redefine a través de la interacción con las fuerzas políticas, los poderes económicos, los diferentes actores sociales y los cambios culturales. La Universidad marca y forma estas entidades y procesos, pero es a la vez atravesada y reconfigurada por los mismos. Por tales motivos, nunca puede ser ajena de la comunidad en su conjunto. Es por eso que pensamos la Universidad Pública integrada a, y partícipe de, los múltiples aspectos de la realidad social, lejos del aislamiento al que muchos de sus miembros la han llevado por conveniencia, mezquindad y en connivencia con el status quo.
Creemos en una Universidad Pública plural y abierta, construida por todas y todos, que contribuya al bienestar y desarrollo de toda la sociedad. La Universidad Pública debe ejercer una función nodal y protagónica en todos los grandes debates y problemáticas que vive el país; brindado y elaborando, a través de la articulación entre investigaciones, saberes y experiencias compartidas, herramientas de transformación para la construcción de una sociedad más justa.

Con estos criterios nos parece propicio destacar la apertura popular que significó el establecimiento de la gratuidad en 1949 y retomar las tradiciones reformistas para repensarlas en el marco de la actualidad. Dentro de los emblemas del ’18, el de la autonomía es, tal vez, el más complejo y contradictorio, ya que si bien supone límites a ciertas injerencias “exógenas” (mercado, Estado, etc.) puede provocar al mismo tiempo un repliegue de la Universidad sobre sí misma. Ahora bien, si nos apoyamos en las claves de análisis que planteamos previamente, podemos empezar a desentrañar este dilema. La capacidad de elegir su forma de gobierno, sus funcionarios y sus mecanismos de organización, siempre que se tenga en cuenta la libertad de cátedra y la democratización de las instancias de toma de decisión, son elementos fundamentales para el libre y plural desarrollo de la institución cuyo rol social consiste en la producción, distribución y aplicación de los conocimientos. En consecuencia, como la industria del saber debe redundar necesariamente en la comunidad, la responsabilidad social que tiene la Universidad Pública es aún mayor con la autonomía. Intrínsecamente conectada a este modo de concebir la soberanía académica se encuentra la forma en que entendemos la extensión. El sentido de compromiso social que acarrea la misma debe pensarse no sólo como acercamiento, sino como integración, como una verdadera universitalización del pueblo y una popularización de la universidad. Es decir, conjunción de múltiples y diversas experiencias y saberes que enriquezcan nuestro acervo cultural a través de una praxis educativa que incluya a la totalidad de la población.

Al destacar los aspectos generales de la Universidad Pública no estamos dejando de lado al sujeto de la formación, al contrario, lo creemos actor principal en la construcción de este modelo, pero en una lógica muy diferente a la que se erigió en la década del 90 y que todavía persiste aunque ya no de forma hegemónica. En ese entonces asistimos a un brutal asedio privatizador y mercantilista de las prácticas educativas y científicas subsumidas en los métodos standarizados de competencia y eficiencia de la lógica empresarial capitalista. Así, el sujeto de formación se redefinió en términos de individuo cliente. En sintonía con el país neoliberal, mientras se creaban cantidades de universidades privadas, la Universidad Pública debió buscar formas de autofinanciamiento, la extensión quedó reducida a la mera transferencia y hasta se puso en tela de juicio la gratuidad. Con este breve ejemplo de nuestra historia reciente podemos corroborar cuán entroncada está la Universidad con la política que marca el rumbo de la nación.

Hoy, en el 2010, el escenario es sumamente distinto. A 200 años de los movimientos emancipatorios debemos seguir transitando por los caminos de la libertad y levantar como los reformistas las banderas del americanismo. En los conflictos presentes está en juego el avance hacia sociedades más justas, inclusivas, que valoren las diferencias y la diversidad cultural de las naciones en una América Latina unida. A la Universidad Pública le corresponde un lugar clave en este proceso. Nuestro compromiso es trabajar para que esta vez esté a la altura de las circunstancias y se erija en verdadera protagonista de la construcción colectiva de la Historia.

Historia en Marcha

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~ por historiaenmarcha en 22 junio, 2010.

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